 Crisis Económica ( 4-12-08)
Declaración Conjunta de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace
Desde
hace unas semanas, los ciudadanos del mundo somos testigos de los
esfuerzos de los Gobiernos del mundo para socorrer a las entidades
financieras y salvarlas de una quiebra anunciada. Primero el gobierno
estadounidense, y después los europeos, han puesto sobre la mesa
decenas de miles de millones de dólares y de euros de los
contribuyentes para ayudar a estas compañías en profunda crisis.
Recientemente, los líderes mundiales se han reunido en Washington para
unificar sus estrategias, y continuar actuando en socorro de los bancos
y entidades financieras. A estas alturas es ya imposible cuantificar
con exactitud cuanto dinero público se está destinando para paliar la
crisis financiera global.
Esta situación ha desviado la atención de otras
crisis igualmente relevantes para la estabilidad mundial y que afectan
directamente a las vidas de cientos de millones de personas: las crisis
alimentaria, climática y de derechos humanos. La premura mostrada por
los países ricos para atajar el derrumbe financiero contrasta
enormemente con su lentitud y sus promesas incumplidas en materia de
ayuda al desarrollo, lucha contra la pobreza, derechos humanos y cambio
climático, las prioridades centrales para construir un mundo más justo.
Todavía es pronto para prever con exactitud las dificultades
que sufrirán los países más pobres como resultado de la crisis
financiera y el consiguiente empeoramiento de la situación económica.
Pero es evidente que la reducción de las exportaciones a los países
desarrollados, la reducción de las remesas, el descenso de la inversión
extranjera y la escasez de liquidez internacional, que afectará
especialmente a los países con menos acceso al crédito encareciendo la
financiación de su desarrollo, derivarán en menos crecimiento y riqueza
para repartir y por tanto menos educación y salud para cientos de
millones de personas.
Para quienes viven en los países más
pobres del mundo esta situación es literalmente una cuestión de vida o
muerte. El aumento de precios de los alimentos, y las cada vez más
frecuentes sequías, inundaciones y demás catástrofes meteorológicas
derivadas del cambio climático, unidas al desmantelamiento de las redes
de protección social promovidas por las instituciones financieras
internacionales, están agravando las situaciones de pobreza y hambre. A
finales de septiembre, cuando empezaron a salir a la luz pública las
quiebras de Wall Street, en una cumbre de la ONU se supo que muy pocos
gobiernos cumplirán los compromisos financieros necesarios para
alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para reducir la pobreza de aquí a 2015.
En lo que se
refiere a los derechos humanos, las previsiones no son buenas. No sólo
los derechos económicos y sociales –incluido el derecho a la vivienda,
la salud y la educación– son objeto de una presión cada vez mayor, sino
que existe el peligro de que se perpetren más violaciones de derechos
humanos. Si se produce una recesión económica prolongada y los países
se aprietan el cinturón, las personas migrantes y refugiadas, y las
personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en
todos los Estados se verán sumidas en situaciones insostenibles.
Podrían aumentar las tensiones sociales, y el consiguiente nerviosismo
de los gobiernos podría conducirlos a reprimir la disidencia y a
imponer políticas de seguridad pública muy estrictas que restringirían
las libertades civiles. La crisis actual podría debilitar aún más a
Estados ya frágiles y sumirlos de nuevo en la inestabilidad y la
violencia.
En cuanto al cambio climático, también los
compromisos comienzan a debilitarse. El liderazgo de la Unión Europea
se tambalea, y los acuerdos para una reducción ambiciosa de emisiones
podrían peligrar, condenando al mundo a un cambio climático
irreversible y de consecuencias catastróficas que afectaría
especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables.
Peores
cosas podrían suceder aún si los países ricos decidieran utilizar la
crisis financiera como un pretexto para disminuir las ayudas y los
intercambios comerciales. La historia no da pie para el optimismo.
Durante la recesión registrada en 1972 y 1973, el gasto mundial
destinado a ayudas disminuyó un 15 por ciento, hasta alcanzar sólo
28.800 millones de dólares. Entre 1990 y 1993, el gasto de los países
donantes se redujo en un 25 por ciento durante cinco años, hasta llegar
sólo a 46.000 millones de dólares, y hasta 2003 no se volvió a alcanzar
el nivel de 1992. La ayuda humanitaria –lo que nos gastamos para ayudar
a las víctimas de conflictos y desastres naturales– disminuyó también
de forma muy sensible durante un periodo similar como consecuencia
directa de la recesión registrada entre 1990 y 1993 (esta tendencia
sólo se frenó durante los conflictos de Ruanda y Kosovo). En cuanto a
los intercambios comerciales, por ejemplo, los países reaccionaron al
desplome de Wall Street de 1929 y a la depresión económica mundial
levantando barreras aduaneras, y el comercio mundial se redujo casi en
un 70 por ciento.
Si en 2009 se repitiera este patrón,
estaríamos ante un desastre de magnitudes extraordinarias para las
personas de los países pobres, que pagarían un coste elevadísimo por el
descontrol de la burbuja crediticia en Norteamérica y Europa,. A ello
se une el impacto que ya está teniendo la reducción en los flujos de
remesas, que para algunos países, como Bolivia o Bangladesh,
constituyen hasta el 10% del PIB.
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